La política de Paz Total, eje central del actual Gobierno nacional, se concibió como una estrategia integral para reducir la violencia armada, implementar los Acuerdos de Paz de 2016 y generar condiciones estructurales que permitieran el desarrollo económico y social de los territorios históricamente afectados por el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, a más de dos años de su puesta en marcha, el balance entre diálogo, seguridad e inversión privada evidencia una brecha preocupante entre la narrativa nacional de la paz total y la realidad que enfrentan los territorios, especialmente en materia de confianza e inversión formal.
Sergio Ramírez Tafur, docente del programa de Economía.
Foto: Dirección de Comunicaciones, Universidad de América.
Sergio Ramírez Tafur, docente del programa de Economía de la Universidad de América, señala que los avances de reincorporación evidencian resultados parciales. Más de 13.500 excombatientes han ingresado a procesos de reincorporación y cerca del 70 % ha recibido tierras. No obstante, la implementación de la Reforma Rural Integral apenas alcanza el 30 %, y menos del 10 % de las hectáreas comprometidas han sido efectivamente entregadas. Esta lentitud estructural debilita la confianza en el Estado y limita la capacidad de los territorios para atraer inversión productiva formal.
En paralelo, la persistencia de la violencia debilita cualquier expectativa de estabilidad. Desde la firma del Acuerdo Final, más de 400 excombatientes y cerca de 1.600 líderes sociales han sido asesinados. En los municipios PDET y ZOMAC, creados precisamente para cerrar brechas históricas, el 90 % registra hoy presencia activa de grupos armados, los homicidios y las masacres muestran una preocupante tendencia al alza. De acuerdo a la Misión de Verificación de la ONU, la expansión de economías ilícitas —especialmente el narcotráfico y la minería ilegal— sigue siendo el principal motor de esta violencia.
Los procesos de diálogo con actores armados tampoco han logrado traducirse en una mejora sostenida de las condiciones de seguridad. Con el ELN persisten violaciones al cese al fuego relacionadas con el control territorial y de economías ilegales, mientras que el proceso con el Clan del Golfo se encuentra suspendido. Esta fragmentación del control armado genera un entorno altamente volátil, incompatible con decisiones de inversión de mediano y largo plazo.
Fuera de las zonas priorizadas, el impacto de la Paz Total ha sido aún más limitado. En las principales ciudades del país no se observan mejoras significativas en indicadores como homicidio y extorsión, y la criminalidad urbana continúa afectando la percepción de seguridad de la ciudadanía. Más del 70 % de los habitantes de ciudades no PDET —municipios que no hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial— considera que su seguridad personal no ha mejorado, lo que se traduce en incertidumbre institucional y desconfianza generalizada, factores que también afectan la inversión formal en Colombia.
Desde el punto de vista económico, los incentivos diseñados para atraer capital privado a los territorios han resultado insuficientes. Aunque existen instrumentos financieros como el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia y líneas de crédito con garantías estatales, los incentivos tributarios más atractivos fueron declarados inconstitucionales. A esto se suma una infraestructura deficiente, altos costos logísticos y ausencia de servicios públicos básicos en amplias zonas rurales. En estas condiciones, la inversión privada se percibe como una apuesta de alto riesgo sin garantías reales de retorno.
Si bien la Inversión Extranjera Directa alcanzó cifras récord en 2023, este crecimiento se explica principalmente por sectores tradicionales como minería y energía, y no por una mejora estructural en la seguridad o el clima de inversión asociada a la Paz Total. La paradoja es evidente: se reconoce a la inversión privada como actor clave para romper los ciclos de violencia, pero no se crean las condiciones mínimas para que esta sea viable.
En conclusión, la Paz Total enfrenta un desafío central: cerrar la distancia entre el diálogo político y la realidad territorial. Sin seguridad jurídica, control efectivo del territorio, infraestructura básica y reglas claras para la inversión formal de Colombia, los territorios seguirán atrapados en un círculo de violencia y desinversión. La paz sostenible no se construye únicamente en mesas de negociación; requiere instituciones fuertes, ejecución eficiente y un entorno que permita producir, invertir y vivir sin miedo.
A partir del análisis sobre la Paz Total, la persistencia de la violencia y las limitaciones de la inversión formal en Colombia, surgen algunas preguntas clave para comprender los desafíos que enfrentan hoy los territorios:
- Autor: Sergio Ramírez Tafur
¿Por qué la Política de Paz Total no se ha traducido en mayor confianza para la inversión formal?
Porque la lenta implementación de los acuerdos, la persistencia de la violencia y la falta de seguridad jurídica continúan afectando la estabilidad territorial.
¿Qué explica el aumento de la violencia en municipios PDET y ZOMAC?
La presencia activa de grupos armados y la expansión de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, siguen siendo los principales factores.
¿Por qué la inseguridad también persiste fuera de las zonas priorizadas?
En las principales ciudades no se registran mejoras sostenidas en homicidio y extorsión, lo que mantiene una percepción de inseguridad elevada entre la ciudadanía.
¿Los diálogos con actores armados han mejorado el entorno de seguridad?
No de manera sostenida. Las violaciones al cese al fuego y la fragmentación del control territorial han generado un entorno volátil.
¿Por qué la inversión privada se sigue percibiendo como una apuesta de alto riesgo?
La ausencia de infraestructura adecuada, los altos costos logísticos y la eliminación de incentivos tributarios reducen su viabilidad en los territorios.
