- Autor: Germán Eduardo Rodríguez Díaz
Más allá de las disputas ideológicas en torno al salario mínimo para 2026
Cada diciembre, Colombia revive un ritual tan predecible como frustrante: la negociación del salario mínimo. Según el Docente de Economía German Eduardo Rodríguez Díaz los gremios empresariales, centrales obreras y Gobierno se sientan a una mesa de diálogo que, en teoría, debería conducir a un acuerdo concertado.En la práctica, sin embargo, esta negociación rara vez llega a buen término. Lo que se observa con frecuencia es una escenificación del diálogo cuyo desenlace ya parece escrito: el incremento termina siendo decretado por el Estado.
Docente de Economía Germán Eduardo Rodríguez Díaz
Foto: Dirección de Comunicaciones Universidad de América.
¿Por qué nunca hay consenso?
Más allá de los intereses particulares, es necesario reconocer un punto fundamental: tanto el capital como el trabajo son generadores de riqueza. Ambos son indispensables en una economía de mercado que busca mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. El verdadero problema no está en esa tensión normal entre empleadores y empleados, sino en que no existen reglas claras y criterios técnicos compartidos para definir un aumento salarial que sea justo y que se pueda sostener en el tiempo.
Las propuestas que llegan a la mesa suelen ser tan distantes entre sí que hacen inviable cualquier acuerdo. Esa distancia termina obligando al Estado a intervenir y a tomar un papel clave como árbitro del proceso. El problema aparece cuando el Gobierno deja de ser imparcial y toma partido, porque ahí se rompe el equilibrio: la decisión deja de ser técnica y empieza a estar marcada por intereses políticos o ideológicos.
El marco normativo colombiano es claro. El artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el aumento del salario mínimo mensual legal vigente debe definirse con base en variables objetivas: inflación, productividad del trabajo, condiciones económicas del país y capacidad de pago de las empresas. Estos criterios no son opcionales; son la base para preservar la estabilidad del sistema económico y laboral.
Para 2026, el escenario resulta particularmente sensible. El Gobierno ha sugerido públicamente un aumento cercano al 11 %, las centrales obreras han propuesto un 16 %, mientras que los gremios empresariales plantean un incremento del 7,21 %. La distancia entre estas posiciones evidencia una preocupante desviación del análisis técnico.
Aunque las cifras más altas resultan atractivas para quienes devengan un salario mínimo, también pueden convertirse en un espejismo si no responden a la realidad económica. En Colombia, alrededor de 2,4 millones de personas ocupadas ganan exactamente un salario mínimo, mientras que entre 10 y 12 millones perciben menos de ese ingreso. Un aumento desbalanceado puede elevar los costos laborales hasta el punto de incentivar la reducción del empleo formal y empujar a más trabajadores hacia la informalidad.
A esto se suma una característica estructural de la economía colombiana: su limitada capacidad para producir bienes y servicios con alto valor agregado. En consecuencia, los costos laborales suelen trasladarse rápidamente al precio final de los productos, reduciendo la demanda, afectando los ingresos empresariales y, finalmente, la contratación.
Desde el punto de vista técnico, las variables clave siguen siendo la inflación y la productividad. Para 2026, la productividad laboral crecería alrededor de 0,91 %, mientras que la inflación podría cerrar cerca del 5,5 %. La suma de estas variables ofrece una base aproximada para el ajuste salarial. Tradicionalmente, se añade uno o uno y medio puntos porcentuales adicionales para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Superar ampliamente ese rango implica otorgar una mayor capacidad de consumo inmediato, pero insostenible en el mediano y largo plazo, debido a la escasez relativa de bienes y servicios.
Además, muchos precios y tarifas en Colombia están indexados directa o indirectamente al salario mínimo, lo que amplifica el impacto inflacionario de un aumento elevado y dificulta el retorno de la inflación al rango meta del Banco de la República, entre el 2 % y el 4 %.
En conclusión, la discusión sobre el salario mínimo no debería reducirse a una confrontación ideológica. No se trata de negar mejoras a los trabajadores, sino de entender que las reglas económicas operan más allá de la voluntad política. Incrementos sin respaldo técnico pueden generar efectos contrarios a los deseados: más inflación, mayor informalidad y menor empleo formal.
El verdadero desafío está en recuperar el rigor técnico, la responsabilidad institucional y una visión de largo plazo que proteja tanto el ingreso de los trabajadores como la sostenibilidad del aparato productivo. Solo así el salario mínimo dejará de ser una herramienta coyuntural y se convertirá en un verdadero instrumento de bienestar social.
